A vueltas con el canon

A pesar de la implantación ya consumada del canon por préstamo público, sigo rechazando cualquier gratificación económica por el préstamo de mis libros en las bibliotecas públicas y continúo reafirmándome en este artículo, escrito en 2006 y publicado en el nº 156 de la revista Educación y biblioteca.

A VUELTAS CON EL CANON

Casi tres años han pasado desde que empezaron las movilizaciones contra la aplicación de la Directiva 92/100/CE que regula el préstamo público. En todo este tiempo se han sucedido muchas y variadas manifestaciones de todo tipo, a favor y en contra, por escrito, desde jornadas, como firmas, tras conferencias, con fotografías, en cadena… De todas ellas, cabe destacar el admirable trabajo de la Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas y la labor que la publicación Educación y Biblioteca ha llevado a cabo de manera continuada. Ambas son claros ejemplos de la postura defendida por las bibliotecas públicas. Del punto de vista de los autores y a favor del canon también se han producido manifestaciones, sobre todo en el ámbito de las entidades de gestión de derechos, las asociaciones de autores y en actos sobre la lectura y la escritura.

A pesar de que siempre se deja claro que nadie va contra nadie, el debate se ha polarizado en dos corrientes, dos actitudes que, a mi juicio, terminan por defender posturas contrapuestas y vinculadas a la situación de precariedad que en nuestro país viven los dos protagonistas de esta historia: los autores y las bibliotecas. Así, mientras que de un lado está la ya mencionada Plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas, que defiende el préstamo gratuito y critica el perjuicio que el canon ocasionaría a las bibliotecas públicas, de otro lado están las entidades de gestión de derechos, como CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), y las asociaciones de escritores, como la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España), que apuestan por la aplicación de la Directiva como vehículo para que los escritores cobren derechos de autor por el préstamo de sus obras.

Ahora debo hacer un inciso para mencionar que yo soy bibliotecario y escritor asociado de las dos entidades mencionadas. Como lo primero, estoy en total acuerdo con mis compañeras (permitidme que emplee el femenino como término no marcado); como lo segundo, debería estar en total acuerdo con la postura de los “entes” y sufrir un serio trauma por el choque de intereses entre ambos egos. Sin embargo, algo falla. No sufro ningún tipo de conflicto de intereses entre mi yo bibliotecario y mi yo escritor, en absoluto, del mismo modo que no hay conflicto entre mi yo escritor, deseoso de vender sus libros, y mi yo lector, gustoso de comprarlos. Se trata de otra cosa. A ver si soy capaz de explicarlo como lo pienso.
De ningún modo puedo entender que las diferentes posturas sean contrarias, tan contrarias que supongan un enfrentamiento aparentemente irreconciliable, como si defender el canon implicase cargarse las bibliotecas, o como si atacarlo supusiera despreciar a los autores. Me parece que no es así. Creo que, en realidad, apuestan por la misma cuestión, pero desde diferentes puntos de vista. Las entidades piden dinero para sus asociados; las bibliotecas ofrecen a los autores pago en especie.
Es obvio que tanto bibliotecas públicas como entidades necesitan a los escritores para ofrecer algo y ambas necesitan a los lectores para recibir algo. Lo que no me parece tan obvio es que deba incrementarse el reconocimiento de los derechos de autor con un canon por el préstamo público de sus obras. Me parece -y hablo como escritor, bibliotecario y lector- que ya está suficientemente reconocido.

Es sencillo: yo escribo un libro y, por un lado, me asocio a una entidad para tener cierta asesoría y protección, y por otro, mi libro lo leen aquellas personas que quieren leerlo. Yo recibo un dinero -escaso, siempre escaso- derivado de la compra de mi libro y de las copias que puedan haberse hecho de él, y además mi libro entra formar parte del fondo de la biblioteca municipal de mi pueblo para, así, quedar a disposición de cualquiera que lo desee o necesite, durante todo el tiempo que el trato y la encuadernación aguanten. Pero resulta que la biblioteca de mi pueblo tiene un club de lectura en el cual deciden leer mi libro. Para ello, la bibliotecaria, titulada en Biblioteconomía aunque contratada como auxiliar administrativo, compra diez ejemplares, uno por miembro del club, que cataloga, clasifica y estudia antes de darlo a los interesados. En la reunión del club se comentará el libro, se leerán algunos párrafos, se elaborará, quizá, un pequeño dossier con información sobre el autor y su obra, algún participante regalará el libro a su prima, porque le ha gustado mucho, y alguna otra se lo recomendará a su amigo, incluso, si hay suerte, es posible que puedan contar con la presencia del autor, porque no es nada caro y, a veces, acude incluso gratis a este tipo de actividades…
Es uno de los muchos casos que pueden darse en cualquiera de las bibliotecas públicas del país. Es también evidente que alrededor del libro y el autor se han generado una serie de acciones y reacciones que reportan varios y jugosos beneficios. Enumero algunas:

– Se han comprado libros.
– Se han leído libros,
– Se han conocido datos sobre el autor y su obra.
– Se ha difundido al autor y su obra.
– Se ha empleado tiempo y trabajo (es decir, dinero) en la preparación de una actividad.
– Se ha contribuido a que se puedan realizar más actividades.
– Se ha demostrado al político de turno, una vez más, que en la biblioteca se hace algo más que dar tarjetitas a los usuarios y poner un sello en los libros.
– Se ha realizado un trabajo basado en la vocación, la voluntad y la buena intención de una profesional infravalorada.
– Se ha reconocido el trabajo de un artista.
– Diez personas (once si contamos a la bibliotecaria) se han convertido en artistas durante varias horas de lectura.

Como bibliotecario, me parece incuestionable la satisfacción por la actividad realizada; como lector, me enorgullezco de tener acceso a este tipo de posibilidades culturales sin tener que pagar por ellas; como escritor, me considero sobradamente pagado, no ya por ser el elegido para protagonizar una sesión del club de lectura, sino por tener mi obra en el lugar donde ocurren esas cosas. Pienso: “¡Cielos!, ¡si resulta que la biblioteca de mi pueblo no es un simple depósito de libros!, ¡si es un centro vivo y coleante donde los libros coexisten sin prisa pero sin pausa! ¡Ahí quiero ver colocados a los míos!”

Cuando las entidades hacen referencia al derecho de autor, lo hacen exclusivamente en el sentido económico. Así lo aplican también los diferentes países donde el canon por el préstamo lleva implantado muchos años , países que, como sabemos, tienen unos índices de lectura y de inversión bibliotecaria muy superiores a los españoles. Esto último se ha convertido en el argumento más popular para solicitar al menos la moratoria de la aplicación de la Directiva europea en nuestro país. Qué menos -habla el bibliotecario-, si pretendemos acercarnos a unos índices mínimamente dignos. Quienes trabajamos en bibliotecas públicas, y más concretamente en las municipales, sabemos, vivimos en carne propia, la situación en que están. Ese conocimiento nos hace saber también -ni siquiera sospechar, porque es evidente- que el canon supondrá una excusa perfecta para disminuir la adquisición de fondos y, algo más sangrante aún, retrasar sine die la mejora de infraestructuras y de las condiciones laborales del personal bibliotecario. No ha hecho falta el canon para comprobar esto último en las bibliotecas municipales de la Comunidad de Madrid, donde una combinación de intereses políticos partidistas con la connivencia institucional ha impedido el desarrollo de los convenios acordados en las segundas jornadas bibliotecarias, celebradas allá por el año 2000 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, referentes a cualificación y homologación del personal bibliotecario.

Pero no es excusa -habla el escritor-, la situación bibliotecaria española no tiene nada que ver con la esencia del problema. Esencialmente, es obvio que el trabajo del autor, como cualquier otro, debe ser pagado digna y rigurosamente, porque sí, está tan mal reconocido como escasamente remunerado y necesita aumentar ambos aspectos para elevar el nivel de dignidad tanto personal como social. Pero, también esencialmente, el autor debe recibir contraprestaciones distintas de las económicas, precisamente porque su labor no es la de un trabajador cualquiera, sino de la un creador, un artista cuya labor se considera fundamental para el desarrollo cultural de, al menos, su sociedad. Obviamente, esto justifica que se deban proteger celosamente sus derechos, pero sin olvidar que en esa protección participan factores no monetarios, factores “en especie” podríamos llamarlos, que abarcarían aspectos tales como, por poner otro ejemplo, mantener sus obras presentes en las librerías durante un tiempo digno.

¿Que los autores debemos cobrar por la lectura de nuestros libros?, claro -sigue hablando el escritor-, y mucho más de lo que cobramos, y mucho más de lo que cobran otros artistas, seguramente, aunque sólo sea por mantener la distancia cultural que separa a un tal Cervantes de aquella Charanga del Tío Honorio. Pero si hay un dinero que puede dejar de cobrarse es precisamente el derivado de la lectura de nuestros libros, o más exactamente, el derivado de la lectura promocionada de nuestros libros. ¿Es contradictorio? No lo creo. Prestar un libro, personal o institucionalmente, no me parece atentar contra ningún derecho de los autores, al menos no aquí y ahora; es, repito, promocionar ese libro, divulgarlo y mantenerlo a la vista, en un tiempo y un espacio que a las mesas de novedades y superventas les parecerán dimensiones desconocidas, es mantenerlo vivo y accesible al margen de las exigencias mercantiles, es valorar y reconocer el trabajo de un artista como en pocos lugares se reconoce y valora.

En el número 43 del Boletín Informativo de CEDRO, apareció un artículo del escritor Javier Marín Ceballos bajo el desafortunado título de “Guerra civil del libro” , en el que, entre otras cosas, atribuía a las bibliotecas públicas la disparatada intención de “evitar por todos los medios que los autores puedan obtener algún tipo de ingreso por el préstamo de sus obras”. La afirmación me sugirió algunas cuestiones que expuse en un correo electrónico remitido al citado boletín y que hoy, dos años después, me siguen pareciendo evidentes. Como dije entonces, a las bibliotecas públicas les importa un pimiento que el autor cobre o deje de cobrar. Me explico. No es asunto suyo, de las bibliotecas, ya que las bibliotecas simplemente defienden el préstamo gratuito, les mueve la idea de gratuidad, esencial, inherente a la idea misma de biblioteca pública. No tienen por qué preocuparse del autor en ese sentido, del mismo modo que no les importa el porcentaje que el autor recibe por cada libro vendido o si recibe anticipos o si tiene bonificaciones por reediciones. Lo que les importa a las bibliotecas públicas es que no les graven a ellas con un gasto que va en contra de su propia esencia y que lastrará más todavía su precaria situación, independientemente de quién se haga cargo del pago, porque sabemos que estatal, autonómica o localmente, los presupuestos bibliotecarios crecerán a trancas y barrancas y seguiremos sin tener una política bibliotecaria articulada entre las instituciones que enmarque definitivamente a trabajadores, infraestructuras y fondos. Lo que las bibliotecas intentan es poder seguir facilitando la lectura a todo el mundo, sin tener que depender del dinero que se tenga; lo que intentan es poder seguir siendo centros de democratización cultural, al margen de las leyes y las prisas mercantiles.

Las bibliotecas no pretenden que los autores no cobren, quieren crecer, mejorar sus recursos y servicios, quieren trabajar en condiciones, seguir siendo centros de acceso a la información y a la cultura, no simples depósitos de libros ni, mucho menos, mostrencas salas de estudio. Las bibliotecas compran los libros, organizan actividades con los libros, exponen los libros, guardan los libros, repiten los libros, reponen los libros, viven de y por los libros… ¿Los autores? Los autores hacemos lo que debemos hacer, escribir, implorar a las editoriales, vivir de otra cosa y apoyar a las bibliotecas públicas. Creo que hay otros frentes donde luchar por el aumento de ingresos.
Así lo pienso y creo que los más de cuatrocientos escritores que firmaron el manifiesto en contra del canon también opinarán algo por el estilo. No tengo nada clara, en cambio, la opinión de los otros miles de escritores al respecto. Aparte de alguna declaración aislada sobre la dignificación del oficio de escritor y la eterna pelea por recibir más y mejor pago por su trabajo, no he sabido de ningún documento que apueste por la inaplazable aplicación de la Directiva, como hicieron en su día muchos escritores franceses. Quizá los propios escritores sean víctimas del políticamentecorrectismo reinante y prefieran “dejar hacer y dejar pasar” para no tener que incomodar(se) a nadie.

Por último, a las entidades tampoco se les ha ocurrido hacer una consulta entre todos sus asociados sobre este asunto, cosa que debería haberse producido inmediatamente después de conocerse la notificación de la Comisión Europea; claro que, posiblemente, desde las entidades hayan supuesto que la inmensa mayoría de sus asociados están a favor de la Directiva.
Desde mi posición de bibliotecario y escritor (de parca y trabajosa bibliografía, bien es cierto), he considerado necesario manifestar públicamente mi opinión personal sobre este tema y no estaría nada mal que otros autores más influyentes, prestigiosos y laureados expresasen sus ideas al respecto.
En cualquier caso, seguiremos apostando por un préstamo libre de impuestos, hasta que la situación bibliotecaria española sea como merecemos y más allá.


(1)Sobre la situación del préstamo bibliotecario en España y otros países, puede consultarse: ACE: República de las letras. 2005, Informes-Estudios n. 9, Madrid, pp. 75-100
(2)MARÍN CEBALLOS, J.: La guerra civil del libro. En Cedro: Boletín informativo, julio-agosto 2004, n. 43, Madrid, p. 17

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